En un momento de transformaciones globales marcadas por la crisis climática, la urgencia de descarbonizar nuestras economías y garantizar el acceso equitativo a la energía ha abierto una pregunta clave para América Latina: ¿qué papel deben cumplir las empresas públicas en la transición energética?

Desde PLADES, sostenemos que esta transición no puede limitarse a lo tecnológico o corporativo; debe ser democrática, justa y liderada por el interés público. Este boletín propone una reflexión crítica sobre el rol del Estado, las empresas públicas y la ciudadanía en este proceso, con una mirada regional y nacional que pone en el centro la justicia social y ambiental.

¿Retroceso en el horizonte? Trump y la amenaza para América Latina

Para empezar hablar del rol del pueblo, debemos entender el contexto internacional. El regreso de Donald Trump al escenario político internacional representa un retroceso no solo para el multilateralismo y los compromisos climáticos, sino también para América Latina. Bajo su mandato anterior, EE.UU. se retiró del Acuerdo de París, debilitó los fondos de cooperación ambiental y promovió políticas extractivistas.

Trump fue el único presidente del G20 que se retiró del Acuerdo de París, debilitando la arquitectura global para frenar el cambio climático. En su discurso político niega la existencia de la crisis climática, favorece el uso intensivo de combustibles fósiles y promueve una visión nacionalista y extractivista de la economía energética. Un eventual segundo mandato podría erosionar aún más los esfuerzos multilaterales por frenar el calentamiento global, afectando también el financiamiento climático hacia países en desarrollo.

Bajo su administración, Estados Unidos aumentó la producción de petróleo, gas y carbón, desmanteló regulaciones ambientales, redujo los estándares de emisiones para la industria automotriz y liberó nuevas zonas para la explotación energética. Además, impulsó la desregulación laboral y ambiental, favoreciendo los intereses de grandes corporaciones. Redujo la capacidad de fiscalización de la Agencia de Protección Ambiental (EPA), flexibilizó normas de seguridad en el trabajo y bloqueó políticas de transición justa.

Defender lo público para garantizar una transición justa

En ese sentido, las empresas públicas peruanas, como Petroperú o Electroperu, pueden y deben desempeñar un rol estratégico en esta transformación. A diferencia de las corporaciones privadas, cuya lógica está orientada al beneficio económico e inmediato, las empresas públicas tienen la responsabilidad —y la oportunidad— de articular la política energética con derechos sociales, laborales y ambientales.

No se trata solo de producción o distribución de energía, sino de poner la sostenibilidad al servicio de las mayorías. Defender lo público no es nostalgia estatista, sino una estrategia para garantizar soberanía energética, justicia climática y desarrollo inclusivo.

En ese sentido nos hacemos la pregunta: ¿dónde está el Estado? ¿Está liderando o cediendo espacio al capital privado? En muchos países de la región, se observa una peligrosa tendencia a “privatizar” la transición energética: grandes corporaciones internacionales acaparan proyectos de energía solar y eólica, mientras las comunidades locales quedan fuera del proceso decisorio.

Desde PLADES proponemos otra vía: un Estado activo, planificador, que impulse políticas públicas con perspectiva social y ambiental. La transición no debe ser solo “verde”, sino también justa: participativa, con empleos dignos y atención a las desigualdades históricas. ¿Sería eso posible?

TUED y la transición energética como un bien público

La red sindical internacional Trade Unions for Energy Democracy (TUED) sostiene que la energía debe ser considerada un bien público, no una mercancía. Esto significa garantizar que el control y dirección de la transición no esté en manos de unas pocas corporaciones, sino en instituciones públicas transparentes, democráticas y comprometidas con el interés común.

La vía pública —es decir, la planificación estatal, la inversión pública y la participación ciudadana— debe ser la ruta principal para el cambio energético. TUED plantea que el Estado no solo debe “orientar” la transición, sino liderarla con visión estratégica.

¿Masificación o centralismo disfrazado?

Mientras se discute la urgencia de una transición energética justa y descentralizada, el Congreso peruano ha aprobado —por insistencia y con 110 votos a favor— una norma que genera debate. Esta establece una tarifa nivelada para consumidores industriales de gas natural de hasta 50.000 m³ mensuales, excluyendo a grandes empresas que, según expertos, podrían haber funcionado como anclas para financiar la expansión de redes en regiones.

La medida fue impulsada bajo la lógica de fortalecer el rol del Estado en la regulación de precios y tarifas del gas natural, buscando garantizar acceso más equitativo a un recurso estratégico. Sin embargo, ha sido fuertemente cuestionada por empresas productoras de gas, que se oponen a las tarifas reguladas y defienden su derecho a fijar precios según criterios de mercado. Estas corporaciones sostienen que una intervención estatal pone en riesgo su rentabilidad y, en consecuencia, su voluntad de seguir invirtiendo y proveyendo gas.

La propuesta original del Ministerio de Energía y Minas —que elevaba el umbral a 900.000 m³— fue rechazada. Dicha propuesta habría incentivado mayor inversión en infraestructura y permitido tarifas más bajas en provincias según sus defensores.

Como consecuencia de la norma vigente, operadores como la empresa Quavii han anunciado su posible retiro de concesiones en el norte, aduciendo inviabilidad económica. También podría verse comprometida la futura expansión de Cálidda hacia el sur del país.

Este caso revela una tensión de fondo: mientras el Estado busca recuperar capacidad reguladora para fortalecer su rol público en la transición energética, los sectores empresariales defienden su autonomía de mercado. Se hace evidente la necesidad de un Estado que, en lugar de ceder ante presiones corporativas, lidere una transición con justicia social y territorial, garantizando tarifas accesibles y priorizando el derecho de las personas al acceso energético.

Ciudadanía activa y empresas públicas al servicio del bien común

Una transición justa necesita a la ciudadanía en el centro. Es fundamental consultar y organizar a las comunidades, trabajadores, pueblos originarios y juventudes en torno al nuevo modelo energético. Las empresas públicas pueden y deben cumplir un rol de puente entre el Estado y la población, facilitando procesos participativos, educación ambiental y empleos verdes con derechos.

Petroperú, por ejemplo, podría transformarse en un actor clave en el desarrollo de energías renovables, investigación, tecnologías limpias y formación laboral, si se reconvierte con una visión ecológica, pública y social.

No basta con cambiar de fuentes de energía; no es suficiente reemplazar el petróleo por el Sol si la lógica sigue siendo extractiva, centralizada y excluyente. La transición energética debe transformar no solo el tipo de energía, sino también quién la controla, quién decide sobre ella y quién se beneficia de ella.

En este sentido, proponemos que esta transición sea:

• Democrática y participativa: La ciudadanía debe tener voz y voto en la planificación energética.
• Liderada por el sector público: El Estado debe conducir el proceso para garantizar justicia ambiental y acceso universal.
• Garantista de derechos laborales y ambientales: Con políticas de reconversión laboral y empleos verdes dignos.
• Centrada en el bienestar colectivo, no en la rentabilidad privada: La energía debe ser un derecho, no un negocio.
• Territorialmente descentralizada y con enfoque de justicia social: Adaptada a la diversidad de regiones y pueblos.

En suma

La transición energética que necesitamos en Perú y América Latina  debe ser profundamente transformadora. Hay que redistribuir los beneficios y sentar las bases de una nueva relación entre sociedad, Estado y naturaleza.

En este contexto de crisis ambiental y regresiones políticas globales, América Latina tiene la oportunidad de marcar un camino distinto: una transición energética justa, soberana y pública. El rol del Estado y de las empresas públicas es crucial, no como entes burocráticos, sino como herramientas vivas al servicio de las personas y del planeta.

Desde PLADES reafirmamos nuestro compromiso con una transición que no deje a nadie atrás.