1. MARCO REFERENCIAL

La presente consultoría está enmarcada en el Convenio de Cooperación: Hacia la transición ecológica justa en los sectores minero energético y agrícola de los países andinos con énfasis en el trabajo decente, en Perú, Venezuela, Bolivia, Colombia y Ecuador (2022/PCONV/0412) suscrito entre el Instituto Sindical de Cooperación al Desarrollo (ISCOD) de España y La Corporación Aury Sará Marrugo (CASM) y La Central Unitaria de Trabajadores de Colombia (CUT) de Colombia, el Centro de Derechos Económicos y Sociales (CDES) y La Asociación Sindical de Trabajadores Agrícolas y campesinos(ASTAC) de Ecuador, Democracia, Diálogo y Desarrollo (CEPRODE) de Bolivia,  el Programa Laboral de desarrollo (PLADES) de Perú y  La Central de Trabajadores y Trabajadoras ASI Venezuela, con el apoyo financiero de La Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) . El convenio tiene una duración de 4 años y ha iniciado su ejecución el 01 de junio de 2023. En específico esta consultoría se llevará a cabo entre el socio local, PROGRAMA LABORAL DE DESARROLLO y LA CONSULTORA

El Programa Laboral de Desarrollo -PLADES es una ONGs laboral fundada en 1991, con la misión de promover los Derechos Laborales Fundamentales y el Trabajo Decente como un aporte a la construcción de un modelo de desarrollo sostenible y democrático, en el Perú y en diversos países de América Latina. A lo largo de sus más de 30 años de vida institucional PLADES se ha especializado en diversas áreas vinculadas al mundo del trabajo; a) el diseño y ejecución de programas de formación para adultos trabajadores o funcionarios laborales del Perú y diversos países de América Latina, b) el desarrollo de estudios e investigaciones sobre el mundo del trabajo, c) asesoría técnica y acompañamiento a las organizaciones laborales en temas jurídicos y de fortalecimiento institucional, d) el seguimiento a los principales indicadores del mundo del trabajo y a las obligaciones laborales en los acuerdos comerciales, e) el uso de mecanismos nacionales e internacionales para la defensa de los derechos laborales en las cadenas de suministros globales. Como organización PLADES ejecuta programas de desarrollo de capacidades de los actores laborales, así como acciones de promoción al diálogo social como mecanismo de solución de conflictos y de fortalecimiento democrático.

ISCOD Sindicalistas Sin Fronteras es una ONGD que se constituye en 1990 como un instrumento para canalizar la solidaridad de la Unión General de Trabajadores y Trabajadoras (UGT) de España y del sindicalismo internacional. ISCOD tiene como misión institucional promover sociedades más justas, sostenibles y solidarias a través de la defensa del derecho al trabajo decente y a medios de vida dignos, así como de la promoción de los derechos laborales y libertades sindicales en los países en desarrollo. En línea con este compromiso desde 1994 el 0,7% de la cuota de todos los afiliados y afiliadas del sindicato se destina a financiar los proyectos que llevamos a cabo. ISCOD enfoca su trabajo en el desarrollo de acciones de cooperación al desarrollo, de educación para la transformación social, el desarrollo y la ciudadanía global, y de incidencia política, para el logro de sociedades más justas, igualitarias, sostenibles, críticas y comprometidas.

• Breve Resumen del convenio:

La región andina (Bolivia, Ecuador, Colombia y Perú) se ha volcado en los últimos años en el comercio internacional de   bienes   y   servicios principalmente de productos primarios exportadores minero-energéticos y agrícolas. En Bolivia el 81% de exportaciones son de gas licuado, minerales y concentrados de zinc, en Colombia el 70% de exportaciones es de petróleo crudo y hullas térmicas. En Ecuador el 87% de exportaciones es de petróleo crudo, crustáceos y bananas y en Perú el 78% de las exportaciones son de minerales como el cobre, oro petróleo y agrícolas como aceites de palma, frutas y espárragos entre otras.

La importancia de las industrias extractivas (metálica, hidrocarburífera y agroindustrial) en las economías andinas ha provocado   que los países de la región andina   hayan centrado   muchas   de   sus   políticas   públicas   en la   atracción de   inversiones extranjeras en este sector. La experiencia pasada muestra los riesgos que este tipo de políticas tienen sobre la sostenibilidad social y ambiental como: la flexibilización por parte de los Estados de las obligaciones legales laborales y medioambientales para atraer las inversiones; volatilidad del mercado de commodities energéticas y minerales y consecuente caída de los ingresos nacionales –ya disminuidos por los beneficios fiscales cada vez mayores a las grandes empresas y fondos de inversión en una competición de dumping fiscal entre los países de la zona –; e incremento de la conflictividad social en la región andina.

Diversos estudios han identificado algunos de los factores comunes que están presentes en la mayoría de los conflictos que se producen en la región debido a las explotaciones discriminada de los recursos mineros y agrícolas

• Impacto en el territorio y en la propiedad, acceso y uso de recursos naturales escasos (tierra y agua).
• Graves problemas medioambientales de destrucción de ecosistemas, como bosques primarios, o contaminación de las aguas y tierras, debido al uso intensivo de pesticidas y otros productos bioquímicos, derrames, etc.
• Riesgos y amenazas contra defensores de derechos humanos y ambientales.
• Desplazamientos forzados de la población en algunas de las zonas en las que se instalan estas industrias extractivas.
• Distorsiones en los mercados locales de bienes y servicios.
• Mecanismos compensatorios débiles y proyectos de responsabilidad social o ambiental insuficientes por parte de las empresas.
• Incumplimiento de las garantías asociadas a los derechos de los pueblos indígenas.
• Falta de una legislación adecuada que se aplique a todo el ciclo de las industrias extractivas y debilidad del Estado respecto de la implementación del marco que regula dichas industrias.
• Existe una gran debilidad institucional a nivel andino sobre la gobernanza de las industrias extractivas.
• Ausencia de políticas de planificación territorial. Además de los negativos impactos para los pueblos indígenas, al no respetarse habitualmente sus derechos colectivos al territorio y recursos naturales, este tipo de industrias suele afectar de manera diferenciada y grave sobre las vidas de niñas y mujeres. Así su desarrollo suele traer consigo cambios en las relaciones de género que agravan la desigualdad, debido a la alteración de las condiciones sociales, económicas y ambientales de las comunidades. Además, suelen acarrear un aumento de diversas formas de violencia machistas. Bolivia, Colombia, Perú y Ecuador son firmantes del Acuerdo de París, donde se reconoce el imperativo de una transición justa para la fuerza de trabajo y la creación de empleos decentes y de calidad, en conformidad con las prioridades de desarrollo definidas a nivel nacional.

En base a estos antecedentes, el Convenio “HACIA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA JUSTA EN LOS SECTORES MINERO ENERGÉTICO Y AGRÍCOLA DE LOS PAÍSES ANDINOS CON ÉNFASIS EN EL TRABAJO DECENTE, EN PERÚ, VENEZUELA, BOLIVIA, COLOMBIA Y ECUADOR”, pretende  dar respuesta a los efectos perversos sobre el cambio climático y a la vulneración de los derechos laborales consecuencia de las industrias extractivas de combustibles fósiles y la agroindustria en la región andina, a través de 2 objetivos específicos.

El primero OE1:  centrado en contribuir a que la transición minero energética en el sector extractivo de los combustibles fósiles del carbón y del petróleo en Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú y Bolivia hacia nuevas formas de autodesarrollo económico territorial o hacia energías limpias para reducir la emisión de gases de efecto invernadero (GEI), se realice garantizando los derechos sociolaborales, culturales y medioambientales de las trabajadoras, los trabajadores y las comunidades afectadas.

El segundo OE2:  se orienta a contribuir a que las estrategias de mitigación y adaptación al cambio climático adoptadas por los países de la zona andina para una transición justa en el sector de la agricultura, se elaboren mediante procesos participativos y garanticen los derechos económicos, sociales, culturales y medioambientales de las trabajadoras, los trabajadores y las comunidades de Colombia, Venezuela, Perú, Ecuador y Bolivia.

Ambos integran acciones para:

• Fortalecer las capacidades organizativas, jurídicas y de incidencia sociopolítica de la Sociedad Civil y los Sindicatos andinos de Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y Venezuela, y fomentar la articulación comunitaria regional para la defensa de los derechos de los/as trabajadores/as y comunidades afectados/as por la transición minero energética y las actividades agrícolas en América Andina.
• Fortalecer las capacidades de las Instituciones y el Sector Empresarial de la Región Andina para impulsar una transición ecológica justa en el sector minero energético e implementar estrategias de mitigación y adaptación al cambio climático en el sector agrícola en la Región acordes a las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional establecidas en cada país.
• Favorecer que los países andinos cuenten con espacios de Diálogo Social a nivel nacional y regional para fomentar una transición ecológica justa en el sector extractivo de los combustibles fósiles e impulsar estrategias de mitigación y adaptación al cambio climático en el sector agrícola.
• Difundir una Campaña de Incidencia Sociopolítica a nivel regional para promover procesos de transición ecológica justa en el sector minero energético en la Región y aumentar los esfuerzos en la adopción estrategias de mitigación y adaptación al cambio climático en el sector agrícola en base las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional establecidas por cada país del Área Andina.

Todo ello en términos y condiciones de defensa y promoción del trabajo decente y sus pilares.

El convenio se ejecuta en los siguientes zonas y países:

Tabla 1. Resumen por ámbito geográfico del convenio (previstos).

*No se trabaja en terreno venezolano, pero sí están integradas para participar en las

La duración del convenio es de un total de 48 meses.

• Justificación y razones de la consultoría

La participación de los sindicatos peruanos en el proceso de impulsar una Transición Energética Justa es nueva. Para avanzar en ese proceso participativo, el convenio prevé la construcción de espacios de articulación intersindical, y la sistematización de propuestas de acción colectiva gremial para promover la Transición Justa en los sectores minero energético y agrícola. Asimismo, se propone la elaboración y difusión de documentos breves sobre aspectos relevantes en estos dos sectores económicos, que facilite la acción capacidad propositiva de los líderes sindicales en los distintos espacios multiactor en los participan o participarán en el próximo período.

Los productos serán compartidos con los aliados locales e introducidos en las acciones de desarrollo de capacidades de manera qué los actores sociales y laborales se apropien de esta información estratégica.

• Objetivos de la consultoría

• Objetivo General

Desarrollar insumos en forma de estudios o propuestas de acción para favorecer la acción colectiva de los gremios sindicales en los distintos espacios multiactor y de diálogo  orientados hacia la Transición Justa en el sector minero-energético y agrario en Perú y específicamente en  los departamentos de (Piura, San Martín y Loreto)

• Objetivos Específicos

2. PRODUCTOS ENTREGABLES DE LA CONSULTORÍA:

3. ÁMBITO DEL ESTUDIO Y ACTORES IMPLICADOS.

3.1. Ámbitos del Estudio

• Ámbito Geográfico: Nacional y regiones de Lima, Piura y Loreto
• Ámbito sectorial: Socio ambiental; Agroexportación y Petróleo

3.2. Actores implicados

• SOCIO LOCAL: PLADES.
• Actores(Aliados del sector social. CATP, CGTP, Fenupetrol, FENAHID, Sindicato Petróleo Selva, Mesas Asociaciones de pobladores de zonas de influencia, comunidades nativas
• Actores del sector público: Ministerio de Ambiente, Ministerio de Energía y Minas, Gobiernos regionales de Piura y Loreto, Municipalidades.
• Actores del sector empresarial. Empresas Petroleras en Piura, Loreto y Lima.

4. METODOLOGÍA Y PLAN DE TRABAJO

4.1. Metodología y herramientas para el desarrollo del trabajo. 

La metodología debe combinar técnicas e instrumentos de la investigación participativa, con metodologías apropiadas para levantar información cuantitativa y cualitativa en las zonas de intervención. Trabajo de gabinete, revisión bibliografía, datos y entrevistas en o desde Lima.

4.2. Fases de la consultoría. 

La consultoría se desarrollará en cuatro fases, integrando la revisión documental, el trabajo de campo y la elaboración de documentos:

Fase 1: Revisión documental y planificación metodológica

En esta fase se realizará un análisis de fuentes secundarias, incluyendo documentos normativos, estudios previos y estadísticas sectoriales relevantes. Asimismo, se diseñarán los instrumentos para la recolección de datos, estableciendo los lineamientos metodológicos que guiarán el trabajo de campo. Con la participación del socio local PLADES, se identificarán los actores clave y se elaborará un plan de trabajo detallado. La fase 1 deberá ser implementada durante el primer mes de iniciada la consultoría.

Productos de esta fase:

• Diseño de instrumentos para la recolección de datos.
• Cronograma detallado de trabajo.

Fase 2: Trabajo de campo y elaboración de primeros productos

En esta fase se desarrollarán entrevistas y consultas con líderes sindicales, expertos en el sector minero-energético y agroexportador, así como otros actores clave en la transición energética justa, de manera virtual o presencial (cuando sea posible). Se sistematizarán las primeras evidencias y se elaborarán los primeros documentos de análisis sectorial y propuestas estratégicas. La fase 2 deberá ser implementada entre el segundo y el cuarto mes de iniciada la consultoría.

Productos de esta fase:

• Documento de sistematización de la propuesta sindical para la transición justa.
• Propuesta de defensa de Petroperú.

Fase 3: Análisis de información y elaboración de estudios sectoriales

Con base en la información recopilada en el trabajo de campo y la revisión documental, se elaborarán documentos de análisis sectorial que aborden la situación del empleo y las condiciones laborales en los sectores minero-energético y agroexportador. La fase 3 deberá ser implementada entre el quinto y séptimo mes de iniciada la consultoría.

Productos de esta fase:

• Informe sobre la situación laboral en el sector petrolero.
• Informe sobre la situación laboral en el sector agroexportador.

Fase 4: Elaboración del informe final y validación de resultados (Meses 8-9)

En esta última fase, se integrarán los hallazgos de las fases previas en un informe final de la consultoría. Se organizará una reunión de devolución de resultados con el equipo de coordinación de la consultoría para validar el documento. La fase 4 deberá ser implementada entre el octavo y noveno mes de iniciada la consultoría.

Productos de esta fase:

• Informe final de la consultoría.
• Presentación de hallazgos y recomendaciones.
• Equipo de Coordinación: La consultoría contará con un comité de seguimiento conformado por el representante de PLADES, ISCOD y consultor/es quienes darán seguimiento y validación de los documentos y productos generados por la consultoría

5. ESTRUCTURA Y PRESENTACIÓN INFORME FINAL DE CONSULTORIA

El Informe de consultoría deberá ser sencillo, claro, concreto y conciso, sin menoscabo de reflejar las diferentes complejidades que muestra el objeto de intervención; deberá contar (sin anexos) con entre 10 a 12 páginas.

El informe final deberá seguir el siguiente esquema:

Portada

1. Antecedentes y Objetivo de la consuloría.
2. Metodología empleada y fases de implementación.

iii. Resumen de cada producto presentado

iii.  Apreciaciones

6. PERFIL DEL CONSULTOR Y CRITERIOS DE VALORACION DE PROPUESTAS

Perfil requerido del consultor:

• Un/a Profesional con título universitario en sociología o carreras afines con el objeto de la consultoría siendo valorable estudios de especialización o máster en medioambiente, cambio climático, transición justa, conflictos socio ambientales o empresa, gestión pública y desarrollo
• Deberá acreditar 5 años de experiencia general, contados a partir de la obtención del primer título profesional y 2 años ligados a estudios laborales, medioambientales, transición justa, cambio climático o empresa, gestión pública y desarrollo
• Valorable conocimiento del sector sindical peruano

7. PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA Y CRITERIOS DE VALORACIÓN

La propuesta deberá presentarse en idioma español, y los criterios que se tendrán en cuenta para la valoración serán:

• Calidad técnica de la metodología propuesta.
• Experiencia y cualificación del consultor
• Propuesta económica

La propuesta técnica y económica deberán presentarse a más tardar el jueves 20 de marzo del 2025, en un correo a nombre de Juan Carlos Vargas: jcvargas@plades.org.pe, con copia a Cecilia Vélez: cvelez@plades.org.pe.

8. PLAZOS PARA LA REALIZACIÓN DE LA CONSULTORÍA

La consultoría tendrá una duración máxima de 9 meses, dando comienzo en el mes de marzo del 2025.

9. PAGO DE LA CONSULTORÍA

• A la firma del contrato: 20%
• A la presentación de Producto 1: 20%
• A la presentación de Producto 2: 20%
• A la presentación de los Productos 3 y 4: 20 %
• A la presentación del Informe Final de la consultoría: 20%

10. PREMISAS DEL ESTUDIO, AUTORÍA Y PUBLICACIÓN

El equipo consultor se adecuará a las siguientes premisas:

• Anonimato y confidencialidad. – El informe debe respetar el derecho de las personas a proporcionar información asegurando su anonimato y confidencialidad.
• – Cualquier desacuerdo o diferencia de opinión que pudiera surgir entre los miembros del equipo o entre éstos y los responsables de la intervención, en relación con las conclusiones y/o recomendaciones, debe ser mencionada en el informe. Cualquier afirmación debe ser sostenida por el equipo dejar constancia del desacuerdo sobre ella.
• – El equipo consultor tendrá la responsabilidad de poner de manifiesto cuestiones no mencionadas específicamente en los TdR, si ello fuera necesario para obtener un análisis más completo.
• – El equipo deberá garantizar su independencia, no estando vinculado con su gestión o con cualquier elemento que la compone.
• Convalidación de la información. – Corresponde al equipo garantizar la veracidad de la información recopilada para la elaboración de los productos esperados, y en última instancia será responsable de la información presentada en el Informe final.
• Convalidación de la información: Corresponde al equipo consultor garantizar la veracidad de la información recopilada para la elaboración de los informes, y en última instancia será responsable de la información presentada en el informe
• Incidencias: En el supuesto de la aparición de problemas durante la realización del trabajo de campo o en cualquier otra fase del estudio de línea de base, éstos deberán ser comunicados inmediatamente a PLADES. De no ser así, la existencia de dichos problemas en ningún caso podrá ser utilizada para justificar la no obtención de  los resultados establecidos por PLADES en los presentes TdR.
• Derechos de autor y divulgación. Se aclara que todo derecho de autor recae en las entidades contratantes de la consultoría. La divulgación de la información recopilada y del Informe final es prerrogativa del socio local e ISCOD.

Envía tu CV a:

cvelez@plades.org.pe

idieguez@iscod.org

jcvargas@plades.org.pe