La transición energética no solo está cambiando la forma en que producimos energía. Está transformando economías, mercados laborales y el futuro del trabajo a nivel global.

La transformación no solo trata sobre energía

El desarrollo de energías renovables no solo modifica la matriz energética de los países. También crea empleo, impulsa valor económico y fortalece el bienestar social. La transición energética es, en esencia, un proceso económico y social. Cada nueva planta solar, parque eólico o industria de biocombustibles activa cadenas de valor completas: manufactura, instalación, mantenimiento, logística, formación técnica y servicios especializados. Esto significa que el impacto no se limita al sector energético. Se extiende a industrias conexas y redefine las competencias laborales que el mercado comienza a demandar.

El empleo en energías renovables continúa creciendo a nivel mundial. Solo en el sector de biocombustibles líquidos se registraron 2.8 millones de empleos en 2023, concentrándose el 43% en América Latina, seguida por Asia con el 39%.

Este dato es clave: América Latina no solo participa en la transición energética, sino que desempeña un rol protagónico en determinadas tecnologías.Además, el crecimiento del empleo verde está vinculado a decisiones de inversión estratégica. Países líderes concentran capacidades productivas, mientras otros buscan fortalecer cadenas de suministro locales para generar mayor valor interno. Sin embargo, el avance no es homogéneo. La expansión de renovables ocurre de forma desigual entre regiones, lo que amplía brechas económicas y tecnológicas.

Transición energética: ¿oportunidad o riesgo?

A medida que la crisis climática se intensifica, la urgencia por reducir emisiones obliga a adoptar medidas rápidas y decisivas.

Pero la transición hacia economías bajas en carbono también puede generar efectos no deseados: aumento del costo de vida, pérdida de empleos tradicionales o ampliación de brechas socioeconómicas. Por ello, la transición energética no puede analizarse únicamente desde la perspectiva ambiental. Debe abordarse desde la equidad y la justicia social, minimizando impactos negativos y maximizando beneficios colectivos.Sin embargo, la creación de empleo no es suficiente si no se garantiza calidad. El concepto de “trabajo decente” coloca al empleo como vía de progreso, dignidad y estabilidad.

Implica condiciones seguras, protección social, ingresos adecuados y oportunidades reales de desarrollo. En muchos países, especialmente en economías en desarrollo, el desafío principal no es solo crear nuevos empleos verdes, sino formalizarlos y asegurar que cumplan estándares mínimos de calidad laboral.

El desafío estructural en Perú

En el caso peruano, uno de los principales retos continúa siendo la precariedad laboral. Solo una pequeña proporción de trabajadores accede a condiciones que garanticen estabilidad y cobertura social.

La informalidad y el subempleo siguen predominando, lo que evidencia la necesidad de políticas públicas que integren desarrollo económico y protección social.A pesar de ello, la Población Económicamente Activa creció en 802,000 personas entre 2019 y 2023, reflejando una recuperación progresiva del mercado laboral. El desafío ahora es convertir ese crecimiento en empleo formal, sostenible y vinculado a sectores de alto potencial, como las energías renovables.

Mirando hacia 2050

La transición energética puede convertirse en un motor clave de justicia social si se gestiona adecuadamente. Esto implica invertir en formación técnica, fortalecer cadenas productivas locales, fomentar la participación de mujeres y jóvenes, y diseñar políticas que equilibren sostenibilidad ambiental con bienestar económico.

El verdadero éxito no se medirá solo en megavatios instalados, sino en la capacidad de construir economías más resilientes, inclusivas y centradas en las personas.

Perú frente al reto del trabajo decente: crecimiento económico sin bienestar laboral suficiente

Más empleo no siempre significa mejores condiciones

El Perú enfrenta uno de los desafíos estructurales más importantes de su desarrollo: transformar el crecimiento económico en oportunidades laborales dignas. Aunque el país ha mostrado avances en distintos indicadores macroeconómicos, la precariedad laboral sigue siendo una realidad para gran parte de la población.

De hecho, el informe señala que apenas un pequeño porcentaje de la población accede a condiciones de trabajo decente, es decir, empleo con ingresos suficientes, protección social y derechos laborales mientras que la mayoría continúa en el subempleo o la informalidad. Este escenario no solo refleja vulnerabilidad económica, sino también riesgos sociales más profundos, como la exclusión de sistemas de salud, jornadas extensas y remuneraciones cercanas a la línea de pobreza.

Uno de los indicadores más reveladores es la persistencia del empleo informal. Tras años de reducción, este se estancó en 72% hasta 2019 y volvió a incrementarse con la pandemia, alcanzando el 76.8% en 2021. Aunque la tasa bajó ligeramente después, en 2023 todavía se mantenía en 73.9%, muy lejos de los niveles necesarios para un mercado laboral sólido.

La brecha también tiene un componente de género: el empleo informal alcanza al 76.3% de las mujeres frente al 72% de los hombres, reflejando desigualdades persistentes dentro del mercado laboral. Asimismo, la población económicamente activa continúa creciendo. Solo en 2023 aumentó en 81 mil personas y, en los últimos cinco años, el mercado laboral incorporó cerca de 802 mil nuevos trabajadores.

Sin embargo, este crecimiento cuantitativo no ha estado acompañado de una mejora proporcional en la calidad del empleo, lo que refuerza la idea de que el principal desafío del país no es generar trabajo, sino garantizar condiciones dignas.

En ese sentido, el acceso al trabajo decente no solo es un objetivo social, sino una condición esencial para reducir desigualdades, prevenir conflictos laborales y mejorar la productividad del país. Hoy, el Perú cuenta con una población en edad de trabajar cercana a los 26 millones de personas y una fuerza laboral superior a los 18.6 millones, lo que representa una enorme capacidad productiva.

El verdadero desarrollo del país dependerá, en gran medida, de su capacidad para convertir empleo en bienestar. Eso es parte de la revolución de los empleos verdes.